ANÁLISIS DE CASOS
En este trabajo se hablará de como estudiar un caso en el que se han violado uno o varios derechos a una población. Es necesario hacer un análisis, además de seguir cada paso del análisis para que este sea claro. Mostraré cada paso y después de estos un ejemplo de un análisis de un caso, que para este trabajo será la Masacre de Trujillo.
En el primer paso está la descripión del hecho, que debe ser muy detallada, se debe tener en cuenta: lo que sucedió en él, con sus causas y consecuencias, ¿quiénes fueron los atacantes?,¿quiénes fueron sus víctimas?, etc.
Para el segundo paso está el Contexto socio-histórico en el que se da a conocer los antecedentes, lo que ha sucedido en eso periodo, en esa época, sus gobiernos, sus leyes todo; lo que esté relacionado con el caso, ya que es de gran importancia.
Pasando al tercero está el Marco conceptual-teórico en donde colocamos los conceptos que manajaba la sociedad, son las ideas básicas y estas deben tener su significado y mejorar el entendimiento del trabajo.
Y por último el Marco legal en el que se centra en las leyes, decretos o reformas que esten en esa época y que por alguna razón se haya violado; también hay que tener en cuenta cuales derechos se violaron.
MASACRE DE TRUJILLO
Este suceso fue una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En estos hechos murieron más de 245 personas.
Dichos actos de violencia se llevaron a cabo por una alianza regional, entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya “Don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán”, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de “limpieza social” y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras.
Durante el período en que se produce esta masacre, el país tiene dos gobiernos: Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Tal y como se venía realizando desde gobiernos anteriores, la premisa era realizar acuerdos de paz con los grupos alzados en armas, es así, como en este lapso de tiempo se dan avances importantes, pero también se encuentran tropiezos que hacen retroceder el proceso.
También es importante resaltar que fue una época enmarcada por la violencia generada por el narcotráfico y el constante deseo de este grupo al margen de la ley por hacer parte del gobierno.
En la Masacre de Trujillo se presentó un régimen del terror que operó de una manera compleja. Por una parte, hubo una estrategia generalizada en el uso de los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes, para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y, así, impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo denominar los sucesos como hechos aislados.
Por otra parte, se llevaron a cabo prácticas de terror de mayor impacto, especialmente en 1990, el cual fue un año crítico en el conflicto. Dichas prácticas fueron contundentes: se trató de una oleada de homicidios selectivos, cuyo número de víctimas ascendió a 55, y de una serie de pequeñas masacres en las que fueron asesinadas 19 personas, una de ellas el párroco de Trujillo, Padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla.
A la secuencia que se estableció entre la desaparición forzada y el posterior homicidio, propia de la guerra sucia, se sumaron la tortura y la mutilación de los cuerpos de las víctimas. Esta última práctica se realizaba sobre las víctimas aún con vida, para luego arrojar los fragmentos de los cuerpos al río Cauca. Así el río se convirtió, simultáneamente, en fosa común y en mensajero del terror.
Por otra parte, el uso de instrumentos como la motosierra, para la mutilación de los cuerpos, se hace presente allí por primera vez en el contexto del conflicto armado. Se puede advertir en este caso un modelo de reproducción de las prácticas de terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país (Putumayo). “Don Diego” y “El Alacrán” las aprendieron allí cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Los impactos de estos mecanismos de terror en Trujillo se evidencian principalmente en el empobrecimiento general de la población, debido a que buen número de las víctimas se encontraba en plena edad productiva. Así mismo, los ingresos que ellas producían eran fundamentales para el sostenimiento de las familias. Además se presenta la disolución de las cooperativas campesinas, estas formas de organización productiva comunitaria fueron socavadas por el temor a ser estigmatizadas y a convertirse en víctimas de amenazas y acciones violentas.
Se presenta también desplazamiento forzado en el sector rural, ya que esta población fue el centro del terror. Los asesinatos de diversos trabajadores y de personas destacadas e influyentes dentro de la zona tuvieron un impacto importante en el debilitamiento de la red social local, por lo que se afectaron todas las prácticas cotidianas de las comunidades. A su vez el terror provocó desconfianza generalizada entre la población y hacia las autoridades, ya que éstas fueron identificadas como participantes en los crímenes y responsables de su impunidad.
El uso del terror en esta masacre hace que este caso sea considerado como emblemático de la violencia contemporánea, ya que todo lo allí ocurrido no ha permitido a que las familias de las víctimas elaboren sus duelos, y aún ha dejado heridas que no han sanado.
Durante el desarrollo de esta tragedia se presentan varias situaciones de violación de los derechos humanos, en primera instancia las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que luego fueron también víctimas de los sicarios.
La impunidad se apropia de este conflicto y con dos sentencias absolutorias, se niega el derecho de los familiares de las víctimas al castigo de los culpables y a la sociedad al repudio a la destrucción de la vida humana.
A raíz de los fallos absolutorios, el caso de 'La masacre de Trujillo', fue llevado por los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, caso 11.007, para que allí se juzgara el comportamiento y la responsabilidad del Estado Colombiano en los dolorosos acontecimientos.
La Comisión Interamericana solicita al Estado Colombiano crear la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo. Esta comisión en cuatro meses revisó los expedientes e investigó los hechos. Elaboró un informe final en enero de 1995, de 200 páginas, que arrojó 12 conclusiones y 9 recomendaciones al Estado Colombiano.
Como fruto de este informe, el 31 de enero de 1995 el Estado Colombiano representado por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, aceptó su responsabilidad en los hechos violentos, y acogió las recomendaciones sobre la reparación social y moral de las familias afectadas. La OEA recomendó al gobierno reparar a los familiares de las víctimas mediante acciones económicas y morales. Como acciones económicas algunos familiares de víctimas recibieron indemnizaciones beneficiados parcialmente en un plan de inversiones. Y como acciones de carácter moral se recomendó dar castigo a los culpables y construir un Parque Monumento en memoria de las víctimas.
Este suceso fue una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En estos hechos murieron más de 245 personas.
Dichos actos de violencia se llevaron a cabo por una alianza regional, entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya “Don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán”, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de “limpieza social” y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras.
Durante el período en que se produce esta masacre, el país tiene dos gobiernos: Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Tal y como se venía realizando desde gobiernos anteriores, la premisa era realizar acuerdos de paz con los grupos alzados en armas, es así, como en este lapso de tiempo se dan avances importantes, pero también se encuentran tropiezos que hacen retroceder el proceso.
También es importante resaltar que fue una época enmarcada por la violencia generada por el narcotráfico y el constante deseo de este grupo al margen de la ley por hacer parte del gobierno.
En la Masacre de Trujillo se presentó un régimen del terror que operó de una manera compleja. Por una parte, hubo una estrategia generalizada en el uso de los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes, para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y, así, impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo denominar los sucesos como hechos aislados.
Por otra parte, se llevaron a cabo prácticas de terror de mayor impacto, especialmente en 1990, el cual fue un año crítico en el conflicto. Dichas prácticas fueron contundentes: se trató de una oleada de homicidios selectivos, cuyo número de víctimas ascendió a 55, y de una serie de pequeñas masacres en las que fueron asesinadas 19 personas, una de ellas el párroco de Trujillo, Padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla.
A la secuencia que se estableció entre la desaparición forzada y el posterior homicidio, propia de la guerra sucia, se sumaron la tortura y la mutilación de los cuerpos de las víctimas. Esta última práctica se realizaba sobre las víctimas aún con vida, para luego arrojar los fragmentos de los cuerpos al río Cauca. Así el río se convirtió, simultáneamente, en fosa común y en mensajero del terror.
Por otra parte, el uso de instrumentos como la motosierra, para la mutilación de los cuerpos, se hace presente allí por primera vez en el contexto del conflicto armado. Se puede advertir en este caso un modelo de reproducción de las prácticas de terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país (Putumayo). “Don Diego” y “El Alacrán” las aprendieron allí cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Los impactos de estos mecanismos de terror en Trujillo se evidencian principalmente en el empobrecimiento general de la población, debido a que buen número de las víctimas se encontraba en plena edad productiva. Así mismo, los ingresos que ellas producían eran fundamentales para el sostenimiento de las familias. Además se presenta la disolución de las cooperativas campesinas, estas formas de organización productiva comunitaria fueron socavadas por el temor a ser estigmatizadas y a convertirse en víctimas de amenazas y acciones violentas.
Se presenta también desplazamiento forzado en el sector rural, ya que esta población fue el centro del terror. Los asesinatos de diversos trabajadores y de personas destacadas e influyentes dentro de la zona tuvieron un impacto importante en el debilitamiento de la red social local, por lo que se afectaron todas las prácticas cotidianas de las comunidades. A su vez el terror provocó desconfianza generalizada entre la población y hacia las autoridades, ya que éstas fueron identificadas como participantes en los crímenes y responsables de su impunidad.
El uso del terror en esta masacre hace que este caso sea considerado como emblemático de la violencia contemporánea, ya que todo lo allí ocurrido no ha permitido a que las familias de las víctimas elaboren sus duelos, y aún ha dejado heridas que no han sanado.
Durante el desarrollo de esta tragedia se presentan varias situaciones de violación de los derechos humanos, en primera instancia las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que luego fueron también víctimas de los sicarios.
La impunidad se apropia de este conflicto y con dos sentencias absolutorias, se niega el derecho de los familiares de las víctimas al castigo de los culpables y a la sociedad al repudio a la destrucción de la vida humana.
A raíz de los fallos absolutorios, el caso de 'La masacre de Trujillo', fue llevado por los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, caso 11.007, para que allí se juzgara el comportamiento y la responsabilidad del Estado Colombiano en los dolorosos acontecimientos.
La Comisión Interamericana solicita al Estado Colombiano crear la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo. Esta comisión en cuatro meses revisó los expedientes e investigó los hechos. Elaboró un informe final en enero de 1995, de 200 páginas, que arrojó 12 conclusiones y 9 recomendaciones al Estado Colombiano.
Como fruto de este informe, el 31 de enero de 1995 el Estado Colombiano representado por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, aceptó su responsabilidad en los hechos violentos, y acogió las recomendaciones sobre la reparación social y moral de las familias afectadas. La OEA recomendó al gobierno reparar a los familiares de las víctimas mediante acciones económicas y morales. Como acciones económicas algunos familiares de víctimas recibieron indemnizaciones beneficiados parcialmente en un plan de inversiones. Y como acciones de carácter moral se recomendó dar castigo a los culpables y construir un Parque Monumento en memoria de las víctimas.
